El caso Astapa, a juicio: la Fiscalía cifra en 28 millones el agujero que el PSOE dejó en Estepona

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto arrancar este lunes el juicio del denominado caso Astapa, que salpica al ex alcalde socialista de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, y a diferentes responsables municipales del PSOE por presunta corrupción política y urbanística. El procedimiento se inició en 2007, hace ya 16 años, y acumula medio centenar de acusados.

Anticorrupción señala el «gasto público inasumible» del Ayuntamiento socialista y la creación de una caja B que nutría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios. Se investigan delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción estima en 28 millones el perjuicio causado al Ayuntamiento de Estepona.

El comienzo del juicio del caso Astapa llega apenas una semana después de que ingresaran en prisión los últimos ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía condenados por el caso ERE, y a la espera de resolver los recursos por enfermedad el ex presidente autonómico José Antonio Griñán y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. El próximo lunes se retomará el juicio relativo a los préstamos de Invercaria y también arrancará el caso Audioguías, con la ex directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, entre otros, imputada por prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Caso Astapa

La vista oral del caso Astapa comenzará con las cuestiones previas que defensas y acusaciones expondrán este lunes y los días 10, 11, 12, 16 y 17; tras lo que el Tribunal examinará y tomará decisión sobre las alegaciones que puedan resolverse, así como sobre las diligencias de pruebas que se propongan. El desarrollo de la prueba comenzará desde el 7 marzo, en sesiones de mañana de lunes a miércoles de cada semana.

El juicio se divide en diez bloques que abordarán los distintos asuntos investigados, como son los diferentes tipos de convenios, las actuaciones en materia de disciplina urbanística, los depósitos bancarios en Suiza y Andorra,  los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento y los supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.

Asimismo, también se trata en esos bloques los presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas. la supuesta financiación irregular de partidos políticos, los incrementos patrimoniales de algunos acusados y, por último, las actuaciones que presuntamente fueron irregulares de técnicos municipales.

Las primeras detenciones se produjeron en junio de 2008, aunque la investigación comenzó antes a raíz de una denuncia presentada por dos ediles del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad junto con el Partido de Estepona (PES). En esta causa, que llegó a tener más de 100 personas imputadas, se han investigado fundamentalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Para el ex alcalde Antonio Barrientos, que estuvo seis meses en prisión provisional, la Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa, acusado por los supuestos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Además, están acusados otros cinco ex responsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona; así como empresarios y funcionarios. También figuran empresas como responsables civiles subsidiarias y otras personas como supuestas responsables civiles a título lucrativo.

La Fiscalía Anticorrupción acusa por supuestamente tener «una caja B con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades, y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios». Estima inicialmente en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento a raíz del caso.

Gasto público «inasumible»

Según el escrito inicial de la acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados que eran políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones «orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios» para «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición» y también presuntamente para beneficio propio.

El fiscal apunta a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos «tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica» en el municipio, pero «en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios».

«Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una caja B, procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios», apunta la Fiscalía en su escrito provisional.

Ese pago era presuntamente «impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales», dice el fiscal, apuntando que las contribuciones «se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales».

Asimismo, Anticorrupción apunta en su escrito inicial que «se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido». En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento «y se han detectado medidas «tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público».

La acusación fiscal entiende además que, presuntamente, los acusados «también aprovecharon» para contribuir, junto a otros procesados, «a la financiación subrepticia de actividades electorales de sus respectivos partidos políticos por parte de empresarios favorecidos por resoluciones municipales y para obtener un lucro personal», con supuestos incrementos patrimoniales de algunos acusados.